Manta
La huelga de hambre, que ya cumple más de una semana, ahora se desarrolla en la Terminal Terrestre de la ciudad.
Por Alexander Calero
Actualizado: 31 de octubre de 2025

Agentes de tránsito de Manta protestan frente a la Terminal Terrestre tras recibir pagos simbólicos de 18 centavos, en medio de una huelga de hambre que cumple más de una semana.
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La reunión convocada por el Ministerio de Trabajo el pasado 30 de octubre parecía marcar un avance. La ministra Ivonne Núñez logró que el Municipio de Manta transfiriera $46.222,07 a la comisión interventora de la Empresa Pública de Movilidad (EPM-Manta) para cubrir parte de los sueldos atrasados.
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Sin embargo, al procesarse los pagos, los agentes denunciaron depósitos irregulares y dispares, entre ellos el más simbólico: solo 18 centavos.





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Según los representantes sindicales, el dinero no se distribuyó de manera equitativa y “se jugó con la necesidad de las familias”.
“Esto ya es una burla. ¿Qué harían ustedes con 18 centavos después de cinco meses sin cobrar?”, expresó el agente David Moreira, uno de los voceros del grupo.
La protesta se traslada a la Terminal Terrestre
La huelga de hambre, iniciada frente al Municipio el 21 de octubre, se trasladó al ingreso de la Terminal Terrestre, donde opera la empresa bajo intervención.
Los agentes aseguran que no se oponen a la medida, pero piden transparencia sobre el manejo de los fondos y los ingresos por uso del terminal.
“Queremos saber dónde está el dinero. Si ya hubo transferencias, ¿por qué no se pagó completo?”, reclamó Víctor Zambrano, otro representante del gremio.
En el nuevo punto de protesta, los uniformados improvisaron carpas y mantas para resistir el calor y la presión, mientras exigen que se cumplan los acuerdos de pago.
Tensión entre las instituciones
La alcaldesa Marciana Valdivieso defendió la transferencia hecha por el Municipio y recordó que su administración heredó millonarias deudas con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Por su parte, la intervención aún no presenta balances ni resultados desde julio, lo que ha incrementado las sospechas entre los trabajadores.
Mientras tanto, el conflicto se agrava, y 195 familias siguen afectadas sin recibir ingresos regulares desde hace cinco meses.
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