Minería, autos de lujo e inmuebles: así se mueve el dinero sucio en Ecuador. La UAFE ha encendido las alertas con 24 procesos activos por lavado de activos y un millonario rastro por seguir.
Por Vany Sanchez
11 de junio de 2025
Minería, autos de lujo e inmuebles: así se mueve el dinero sucio en Ecuador. La UAFE ha encendido las alertas con 24 procesos activos por lavado de activos y un millonario rastro por seguir.
La Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) ha identificado, en lo que va del 2025, movimientos sospechosos por cerca de USD 600 millones, relacionados con posibles redes de lavado de activos en Ecuador. Así lo reveló este martes 11 de junio José Julio Neira, actual secretario de Integridad Pública y director encargado de esta institución clave en la lucha contra el crimen económico.
Neira, quien también ocupa otros ocho cargos en el Gobierno de Daniel Noboa, explicó en una entrevista televisiva que estos hallazgos marcan un aumento del 155% en las inspecciones a los denominados sujetos obligados, en comparación con años anteriores.
Según el funcionario, los sectores más vulnerables al lavado de activos siguen siendo los mismos que han facilitado el ocultamiento del dinero ilícito durante años:
Neira detalló que, actualmente, su equipo lidera 24 procesos activos por este delito, cifra que triplica los registros habituales de administraciones pasadas, donde apenas se llegaba a ocho o nueve investigaciones similares.
“Cada caso está siendo monitoreado de cerca por mí, en coordinación con Fiscalía y el sistema judicial”, afirmó el secretario, quien destacó la relevancia de mantener un control riguroso para evitar que estructuras criminales se infiltren en la economía formal.
Como parte de la estrategia integral, Neira adelantó que Ecuador se prepara para participar en una operación conjunta con Colombia y Perú para combatir la minería ilegal, una de las actividades que más dinero ilícito moviliza en la región.
En paralelo, se están implementando reformas a la Ley de Contratación Pública, especialmente orientadas a cerrar espacios a contratistas vinculados con estructuras delictivas. Una de las propuestas más estrictas incluye la prohibición del uso de celulares dentro del Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop), tanto para funcionarios como para proveedores, como medida de control.
Con estas acciones, el Gobierno busca blindar al Estado frente a los tentáculos de las mafias económicas y fortalecer los mecanismos de prevención y detección de delitos financieros.
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