Robo de cables deja sin luz a sectores de Manta, Manabí

El hurto de cables soterrados provocó una avería en el sistema eléctrico que dejó sin energía a varios sectores del centro de Manta este lunes 26 de enero, afectando viviendas y locales comerciales en distintas calles de la ciudad.

De acuerdo con lo informado por la Corporación Nacional de Electricidad, el daño impactó zonas como la avenida 35, barrio Las Acacias y la calle 12, donde moradores reportaron interrupciones inesperadas del servicio durante varias horas.

Personal técnico se desplazó al sitio para realizar trabajos de reposición de los elementos sustraídos y recuperar la electricidad en el menor tiempo posible, ejecutando inspecciones en cámaras subterráneas y alimentadores principales.

Trabajos de reposición y recuperación del servicio

Las cuadrillas realizaron recorridos para ubicar el punto exacto del robo, detectando la sustracción del cableado que forma parte de la red de distribución subterránea, infraestructura clave para abastecer de energía a varios barrios del casco urbano.

La pérdida de este tipo de material genera fallas prolongadas, riesgos operativos y cortes masivos, por lo que la reposición requiere maniobras técnicas especializadas.

Imágenes compartidas por la entidad muestran a los trabajadores ingresando a ductos y cámaras eléctricas para reinstalar los cables y normalizar el suministro.

Un delito que genera millonarias pérdidas

El robo de infraestructura eléctrica se ha convertido en un problema recurrente en Manabí y otras provincias del país, impulsado principalmente por la venta ilegal de cobre.

Según datos del sector eléctrico, las pérdidas no técnicas por hurto de energía y materiales superan los 240 millones de dólares a nivel nacional, mientras que la Unidad de Negocio Manabí registra decenas de millones en afectaciones económicas cada año.

Desde el ámbito legal, el robo de bienes públicos está tipificado en el Código Orgánico Integral Penal (artículo 189) y puede sancionarse con penas de 7 a 10 años de prisión. Si participan servidores públicos, la condena puede aumentar hasta 13 años.