Ecuador
La propuesta ha reactivado discusiones sobre los riesgos y beneficios de convocar a una Asamblea Constituyente para transformar el marco legal del país.
Por Alexander Calero
Actualizado: 18 de septiembre de 2025
Imagen de archivo de la Asamblea de Montecristi (2007-2008), último precedente de un proceso constituyente en Ecuador, ahora reactivado tras el anuncio de Daniel Noboa.
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Convocar una Asamblea Constituyente no es un trámite menor. Implica otorgar a un órgano de representación popular la tarea de redactar una nueva Constitución o reformar profundamente la vigente, lo que puede cambiar instituciones clave, derechos ciudadanos y reglas electorales.
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El último precedente fue el proceso liderado por Rafael Correa en 2007-2008, que dio lugar a la actual Constitución. Esa experiencia mostró el alcance de una Constituyente: redefinir poderes del Estado y modificar el sistema político del país.
Los pasos legales y los filtros que enfrenta
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De acuerdo con el artículo 444 de la Constitución, el procedimiento requiere:
• Iniciativa del Presidente con una propuesta clara.
• Calificación previa de la Corte Constitucional para verificar los requisitos formales y de fondo.
• Consulta popular para que el pueblo decida si se instala la Asamblea y bajo qué condiciones.
Hasta superar esos filtros, el anuncio de Noboa es solo el inicio de un proceso complejo que podría tomar al menos un año y atravesar un ambiente político polarizado.
Riesgos y transformaciones posibles
Una nueva Constitución podría rediseñar instituciones del Estado, modificar facultades presidenciales y crear herramientas legales para enfrentar al crimen organizado. Sin embargo, analistas advierten sobre el riesgo de concentración de poder y periodos de inestabilidad durante la transición.
La propuesta de Noboa reabre un debate que marcará los próximos meses en Ecuador y podría definir el rumbo político del país.
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