Nueve militares fueron sentenciados por el sabotaje del radar de Montecristi

Nueve militares de la Fuerza Aérea Ecuatoriana fueron sentenciados a nueve años y tres meses de cárcel, por el delito de sabotaje. La Fiscalía informó que fueron declararos culpables en grado de participación por omisión, por la destrucción del radar ubicado en el cerro Montecristi, provincia de Manabí.

En cuanto a las multas y la reparación integral, el Tribunal señaló que, en la sentencia escrita, detallarán los montos correspondientes.

Según recordó la Fiscalía, el día de los hechos, los ahora sentenciados estaban a cargo del patrullaje y la custodia del equipo de vigilancia que fue destruido.

Los hechos ocurrieron el 7 de noviembre de 2021, cuando una explosión destruyó el radar al poco tiempo de ser instalado en el cerro Montecristi, y que estaba destinado a la vigilancia de posibles aeronaves no autorizadas en la zona.

Entre las pruebas presentadas por el fiscal durante la audiencia de juzgamiento, constan veinte pericias desarrolladas durante la investigación, que incluyeron dos Asistencias Penales Internacionales: una con Estados Unidos y otra con el Reino de España.

Los análisis confirmaron la utilización de explosivos de alto poder, como PETN, RDX y TNT, lo que provocó la destrucción total del equipo de vigilancia, y descartó la hipótesis de una falla mecánica.

El informe también indica que este tipo de explosivos es de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, requiere un manejo especializado y posee una alta capacidad destructiva.

Esas conclusiones coinciden con el informe de la Junta de Investigación de Accidentes de la FAE, que determinó que la destrucción del sistema de vigilancia no pudo ser consecuencia de una falla mecánica o electrónica, y con otros informes de la empresa fabricante del radar, que ratifican los resultados de los peritajes. Además, con documentación que establece que el área donde se encontraba el equipo había sido declarada zona estratégica para la seguridad nacional.

En este proceso, diez personas fueron llamadas a juicio; sin embargo, uno de los implicados falleció, por lo que se extinguió la acción penal en su contra.