Ecuador
La investigación por el caso BB avanza con nuevas decisiones judiciales contra un exfuncionario y su entorno familiar.
Por Alexander Calero
Actualizado: 29 de julio de 2026

El exalcalde de Ponce Enríquez y otras cinco personas recibieron prisión preventiva dentro de la investigación del caso BB por presunto lavado de activos.
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La justicia dispuso prisión preventiva para el exalcalde de Ponce Enríquez, Elías Baldor Bermeo Cabrera, y otros cinco integrantes de su círculo familiar durante la audiencia de formulación de cargos del denominado caso BB. La investigación, liderada por la Fiscalía General del Estado, busca determinar la existencia del presunto delito de lavado de activos. La medida fue adoptada luego de que el juez calificara como legal la detención de los seis procesados.
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En el proceso también fueron vinculadas dos empresas, cuya participación será investigada dentro de la misma causa penal.




Millonarios movimientos financieros bajo investigación
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De acuerdo con la Fiscalía, la investigación comenzó tras un informe de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), que detectó ingresos superiores a USD 9 millones entre 2023 y 2025 sin una justificación económica aparente. Las autoridades investigan si esos recursos estarían relacionados con actividades ilícitas, entre ellas minería ilegal y exportaciones de oro de origen no justificado.
Durante los allanamientos efectuados en Azuay y El Oro, las autoridades decomisaron más de USD 250.000 en efectivo, un lingote de oro, joyas, vehículos, teléfonos celulares y otros indicios que serán incorporados al proceso.
Bienes quedan inmovilizados mientras continúa el proceso
Además de la prisión preventiva, el juez ordenó la prohibición de enajenar los bienes adquiridos durante el período investigado para evitar su transferencia mientras avanzan las diligencias judiciales. La Fiscalía continuará recopilando evidencias para establecer el origen de los recursos y la posible responsabilidad penal de los procesados.
El proceso permanece en etapa inicial y los investigados conservan su presunción de inocencia hasta que exista una sentencia ejecutoriada.
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