Nuevo estado de excepción en siete provincias para detener radicalización de protestas y cierres viales  

El presidente Daniel Noboa decretó un nuevo estado de excepción, fundamentado en la causal de grave conmoción interna, en medio de las manifestaciones por la eliminación del subsidio a los combustibles y previo a la marcha por el agua y en contra de la minería que se realizará en Cuenca.

La medida estará vigente por 60 días y es focalizada para siete provincias: Carchi, Imbabura, Pichincha, Azuay, Bolívar, Cotopaxi, y Santo Domingo.

Según detalla el decreto 134, la disposición busca detener “la radicalización de las medidas de hecho” tomadas en esas provincias, “por ser aquellas donde se concentran la mayoría de actos violentos, paralización del transporte y los cierres de vías”.

La medida implica la suspensión del derecho a la libertad de reunión las 24 horas del día, es decir, limita las aglomeraciones en espacios públicos. El documento añade que eso «no implica la restricción al derecho a manifestarse, siempre que sea pacíficamente, y sin afectar los derechos, libertades y garantías del resto de la ciudadanía».

A decir del Ejecutivo, la situación de las siete provincias requiere de una intervención excepcional de las instituciones del Estado para precautelar la seguridad y garantizar los derechos de los ciudadanos.

Cabe señalar que no el estado de excepción no incluye toque de queda.