Política
El intercambio evidencia diferencias marcadas sobre justicia, soberanía y relaciones bilaterales.
Por Alexander Calero
Actualizado: 7 de abril de 2026

Daniel Noboa y Gustavo Petro protagonizan un nuevo cruce diplomático por el caso Jorge Glas.
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El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, respondió a recientes declaraciones de su homólogo colombiano, Gustavo Petro, quien se refirió a la situación del exvicepresidente Jorge Glas calificándolo como un “preso político”. El pronunciamiento del mandatario colombiano generó una reacción inmediata desde Quito.
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Noboa rechazó esa afirmación y sostuvo que se trata de un caso de corrupción, señalando que “en la cárcel hay un corrupto que debe responder al Ecuador”. Además, advirtió que este tipo de declaraciones constituyen una vulneración a la soberanía del país.




Por su parte, Petro había manifestado públicamente su preocupación por la situación de Glas, insistiendo en que su caso responde a una persecución política. El presidente colombiano señaló que Glas es un “preso político”, postura que ha defendido en reiteradas ocasiones.
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Posturas enfrentadas y antecedentes
El intercambio entre ambos mandatarios no es aislado. En meses recientes, Ecuador y Colombia han mantenido diferencias en torno a temas políticos y judiciales, lo que ha generado momentos de tensión diplomática. Este nuevo episodio vuelve a evidenciar la distancia entre ambos gobiernos.
Mientras Ecuador defiende la independencia de su sistema judicial y la necesidad de que Glas responda por casos como Odebrecht, Sobornos y Reconstrucción de Manabí, Colombia ha insistido en una lectura política del proceso.
El caso Jorge Glas en el centro del debate
Jorge Glas, exvicepresidente de Ecuador, cumple condenas por delitos relacionados con corrupción, incluyendo casos de alto impacto nacional. Su situación judicial ha sido tema de debate tanto a nivel interno como internacional.
El pronunciamiento de Petro vuelve a colocar el caso en la agenda regional, mientras que la respuesta de Noboa reafirma la postura del Gobierno ecuatoriano de no aceptar injerencias externas en asuntos judiciales.
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