Marcela Aguiñaga vs Aquiles Álvarez tras suspensión de obra

La mañana de este 28 de julio de 2025, la Prefectura del Guayas confirmó la suspensión del proyecto de paso elevado vehicular en Los Ceibos, en la Av. del Bombero, obra impulsada por el Municipio de Guayaquil. La razón: la falta de una Licencia Ambiental, ya que el impacto del proyecto fue clasificado como “alto”, lo que invalida el Registro Ambiental anterior.

Además, se inició un proceso sancionador contra el Cabildo por supuestas irregularidades técnicas y administrativas. El Municipio deberá presentar sus descargos en un plazo de 10 días.

El pedido del alcalde no fue suficiente

Un día antes, el alcalde Aquiles Álvarez había solicitado públicamente a la prefecta Marcela Aguiñaga que no se revoque el permiso, acusando al Ministerio del Ambiente de actuar sin sustento técnico. “Guayaquil no puede pagar el precio del centralismo incompetente”, escribió en sus redes.

Pero la Prefectura se mantuvo firme. En su respuesta, Aguiñaga dejó claro que no se trata de bandos políticos, sino de legalidad ambiental.

“Guayaquil merece madurez, no caprichos”

En su cuenta de X, Marcela Aguiñaga fue contundente:

“Soy abogada y fui ministra de Ambiente. Sé cómo funciona esto, por eso actuamos en derecho. Esto es técnico-jurídico, y ahí es donde se va a resolver”, señaló.

Y agregó:

“No hay bandos, solo debido proceso. Que se presenten las pruebas de descargo. Los caprichos los dejamos para después. Guayaquil merece madurez, no reacciones impulsivas”.

Álvarez: “Revocan un permiso legal sin pruebas ni estudios técnicos”

Tras la notificación formal de la Prefectura, Aquiles Álvarez rechazó la decisión y la calificó como arbitraria. A través de un comunicado, expresó que “la Prefectura ha revocado un permiso legal sin pruebas, sin inspección y sin estudios técnicos reales”.

El alcalde enfatizó que “no se afecta un ecosistema ni se tala un árbol, es cemento sobre cemento, no se necesita Licencia Ambiental”. También acusó a la prefecta de violar la Constitución e incurrir en una falta administrativa.

“Toda decisión política debe tener sustento legal”, advirtió.