Ley aprobada: presos deberán trabajar en cárceles de Ecuador

Este martes 17 de marzo de 2026, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó con 84 votos a favor la reforma a la Ley para el Fortalecimiento del Sistema Penitenciario.

La normativa fue tramitada por la Comisión de Seguridad Integral, presidida por la legisladora Inés Alarcón, y contó con el respaldo de la bancada oficialista Acción Democrática Nacional (ADN).

En contraste, el bloque de la Revolución Ciudadana votó en contra al considerar que ninguna reforma será suficiente mientras el Estado no tenga control total de los centros penitenciarios.

Trabajo obligatorio y nuevos controles

Uno de los puntos centrales de la ley establece que las personas privadas de libertad deberán participar en actividades laborales para cubrir sus necesidades básicas mientras cumplen condena.

El objetivo es impulsar la rehabilitación y reducir la carga económica del sistema penitenciario, mediante programas productivos dentro de las cárceles.

La ley también crea un sistema de inteligencia penitenciaria, reclasifica a los reos según su nivel de peligrosidad y fortalece al Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria.

Qué cambia con la nueva ley

La reforma autoriza además el uso legítimo de la fuerza por parte de custodios en el ejercicio de sus funciones y plantea procesos de capacitación, evaluación, rotación y pruebas de confianza.

Entre los principales cambios constan trabajo obligatorio, control anticorrupción, refuerzo de seguridad y nueva clasificación de internos dentro de los centros de privación de libertad.

El debate ahora se centra en si estas medidas serán suficientes para enfrentar la violencia y el crimen organizado que operan desde las cárceles ecuatorianas.