Diana Salazar se mantiene en funciones: la fiscal anuncia prórroga hasta que haya reemplazo oficial

​La Fiscalía General del Estado ha confirmado que su titular, Diana Salazar, continuará en funciones más allá del término oficial de su mandato, ocurrido el 8 de abril de 2025. Esta decisión se basa en un pronunciamiento de la Procuraduría General del Estado (PGE), emitido el 26 de febrero de 2025, que respalda la permanencia de Salazar hasta que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) designe a su sucesor. ​

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El Código Orgánico de la Función Judicial (COFJ) establece un período de seis años para el cargo de Fiscal General, plazo que Salazar cumplió en la fecha mencionada. Sin embargo, debido a que el CPCCS aún no ha avanzado en el proceso de nombramiento de un nuevo titular, y respaldada por el criterio vinculante de la PGE, Salazar continuará en el cargo hasta que se concrete dicha designación. ​

#ATENCIÓN | Respecto a la prórroga de funciones de las máximas autoridades de #FiscalíaEc, la Institución informa al país. ⬇️ pic.twitter.com/ngzW1HFfNg

— Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) April 9, 2025

Contexto del retraso en la designación del nuevo Fiscal General

El CPCCS enfrenta dificultades internas que han retrasado el proceso de selección del nuevo Fiscal General. En enero de 2025, el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) destituyó a tres vocales del CPCCS, lo que ha generado vacantes y disputas sobre su reemplazo. Estas circunstancias han impedido el avance en la conformación de la veeduría y la comisión encargadas del concurso para la designación del nuevo Fiscal. ​

Implicaciones de la prórroga en la Fiscalía

La continuidad de Diana Salazar al frente de la Fiscalía General del Estado asegura la estabilidad en la conducción de casos emblemáticos, como los denominados Sobornos y Metástasis. No obstante, esta prórroga también refleja los desafíos institucionales que enfrenta el CPCCS para cumplir con sus responsabilidades en la designación oportuna de autoridades de control. ​

La situación subraya la necesidad de fortalecer los procesos institucionales para evitar vacíos de poder y garantizar la continuidad en la administración de justicia en el país.