La evidencia mostró cómo la red utilizaba bienes y fondos públicos para movilizar droga, planificar ataques y ejercer presión sobre autoridades locales.
Por oromartv.com
2 de julio de 2025
La evidencia mostró cómo la red utilizaba bienes y fondos públicos para movilizar droga, planificar ataques y ejercer presión sobre autoridades locales.
La justicia ecuatoriana logró un duro golpe contra el crimen organizado tras sentenciar a 17 personas vinculadas a delitos como sicariato, extorsión, tráfico de drogas y corrupción.
Entre los condenados se encuentra Julio M. A., conocido como alias “Negro Tulio”, líder de la banda “Chone Killers”, quien ya purgaba una condena de 34 años por terrorismo.
Las investigaciones revelaron que esta organización operaba desde la Penitenciaría del Litoral, donde “Negro Tulio”, pese a estar tras las rejas, coordinaba acciones delictivas con ayuda de funcionarios públicos.
Excolaboradores del Municipio de Durán habrían facilitado movimientos de la estructura criminal aprovechando recursos y contactos dentro del Estado.
Durante el proceso judicial, la Fiscalía presentó abundantes pruebas que incluyeron escuchas telefónicas, documentos, testimonios y registros de contratos municipales.
Un informe de la Policía Nacional expuso el beneficio económico que varios de los sentenciados habrían obtenido mediante contratos y obras adjudicadas en el Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) de Durán.
El Tribunal ordenó también que se abra una investigación para determinar la posible participación del alcalde de Durán, Luis Ch. B., y pidió a la Contraloría examinar al GAD, el Registro de la Propiedad y el Cuerpo de Bomberos de la ciudad.
Alias “Negro Tulio” fue detenido en Panamá el 1 de junio de 2024, junto a su esposa, en un operativo en colaboración con las autoridades panameñas.
Luego fue extraditado a Ecuador, donde se le iniciaron nuevos procesos por su presunta implicación en los atentados del 22 de noviembre de 2022 en Durán, así como en el asesinato de dos fiscales en Guayas.
Las penas impuestas van desde 10 hasta 13 años y 4 meses de cárcel, además de multas económicas que alcanzan los 80 salarios básicos.
En el caso de funcionarios públicos, el Tribunal aplicó agravantes debido a su rol dentro del Municipio de Durán, subrayando la gravedad de utilizar el aparato estatal para fines criminales.
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