Ley urgente para regular fundaciones en Ecuador fue aprobada por el legislativo

Este martes, 26 de agosto de 2025, la Asamblea Nacional se reunió para tratar y votar el informe para segundo y definitivo del proyecto de Ley de Transparencia Social, enviado por el presidente Daniel Noboa, como económico urgente. 

La iniciativa fue aprobada con 78 votos, de la bancada de ADN y sus aliados. 

La propuesta llegó al Pleno en medio de cuestionamientos de la bancada de la Revolución Ciudadana (RC), pues sus miembros alegaban que la iniciativa está encaminada a vigilar y controlar a fundaciones y organizaciones de la sociedad civil.

De su lado, el Partido Social Cristiano (PSC), advirtió que si el proyecto era votado en un solo bloque, ellos se pronunciarán en contra.

El oficialismo asegura que la propuesta busca combatir el lavado de activos y la posible infiltración del crimen organizado en fundaciones y Organizaciones No Gubernamentales (ONG).

¿Cuál es el objetivo y qué implica?

La norma busca establecer un marco jurídico que promueva la transparencia, la integridad y la rendición de cuentas de las Organizaciones Sociales Sin Fines de Lucro (OSSFL) que operan en todo el territorio ecuatoriano.

Ante aquello, para garantizar una supervisión eficiente, la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria ejercerá la vigilancia, auditoría y control de las OSSFL, aplicando criterios de clasificación basados en su nivel de riesgo, volumen de recursos, origen de los fondos y alcance territorial, entre otros.

La ley también establece obligaciones diferenciadas de transparencia e integridad según el riesgo, incluyendo la implementación de sistemas de debida diligencia, identificación de donantes y beneficiarios, y la prevención del uso indebido de recursos.

Significa que, las organizaciones deberán actuar con una cultura de integridad, implementando códigos de ética, sistemas de gestión de riesgos y responsables de cumplimiento institucional, especialmente aquellas clasificadas con riesgo alto. Además se crea el Sistema Unificado de Información de las OSSFL, una plataforma digital pública que permitirá consolidar información jurídica, financiera, operativa y de cumplimiento, asegurando la trazabilidad y veracidad de los datos.

La asambleísta Mishel Mancheno, ponente del informe, indicó que esta norma busca cerrar las puertas a los flujos irregulares de capital que financian el crimen organizado y debilitan la justicia fiscal.