Jorge Glas puede “morir en prisión”, alerta la Revolución Ciudadana

La RC denuncia que Jorge Glas no recibe su medicación en la nueva cárcel, señalando que el exvicepresidente no ha recibido la inyección mensual que necesita desde su traslado a la Cárcel del Encuentro, en Santa Elena. La alerta fue lanzada por la asambleísta Damaris Cáceres, quien afirmó que, de continuar así, Glas “puede morir en manos del Estado”.

Según la legisladora, desde su ingreso al nuevo centro penitenciario, Glas tampoco habría recibido agua, suplementos ni una atención médica adecuada. “Si Jorge Glas no tiene acceso a sus medicinas, se va a morir en manos del Estado”, afirmó.

El traslado se ejecutó el 10 de noviembre, seis días antes del referéndum, luego de que permaneciera en La Roca desde 2024.

Defensa denuncia trato inhumano y falta de atención médica

La abogada del exvicepresidente, Sonia Vera, también denunció que Glas enfrenta “trato inhumano”en una cárcel que aún no está terminada y cuyo avance apenas alcanza el 40%.

Según relató, el propio Glas le informó en una reunión telemática que no está recibiendo correctamente su medicación ni cuidados básicos.

Vera sostiene que la situación vulnera las medidas provisionales dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que ordenan al Estado garantizar su integridad física y mental.

Gobierno sostiene que sí ha recibido atención médica

El ministro del Interior, John Reimberg, rechazó las acusaciones y aseguró que Glas ha recibido más de cuatro visitas médicas desde su traslado.

“Ha tenido la atención necesaria en este corto tiempo”, afirmó en rueda de prensa.

Pese a esa versión oficial, las legisladoras correístas insisten en que la información del Gobierno es incompleta y que las condiciones reales dentro de la cárcel podrían poner en riesgo su estabilidad física.

Exigen que el Estado cumpla medidas de la Corte IDH

La asambleísta Ledy Zúñiga exigió al Gobierno cumplir con lo ordenado por la Corte Interamericana en octubre pasado.

“Su vida está en peligro y hay una obligación que cumplir. No es discrecional”, señaló.

Asimismo, pidió poner fin a lo que consideró una “vendetta política” contra el exvicepresidente, sobre quien pesan tres condenas por corrupción.