Hijas de Villavicencio rechazan versión de alias ‘Pipo’

Wilmer Chavarría, alias “Pipo”, señalado como líder de Los Lobos, rindió versión en Zaragoza, España, tras un pedido de la Fiscalía ecuatoriana. En su comparecencia, negó haber ordenado el crimen y acusó al presidente Daniel Noboa de estar detrás del asesinato.

Horas después, Amanda y Tamia Villavicencio difundieron un comunicado en el que califican esas declaraciones como una maniobra para desviar la atención.

“No vamos a permitir que los investigados por el magnicidio de nuestro padre se laven la cara”, señalaron.

Lo que sostiene el comunicado

Las hijas del excandidato aseguran que dentro del proceso judicial no existen pruebas que respalden la acusación contra Noboa.

Afirman que la estructura probatoria identifica a presuntos autores intelectuales y que alias “Pipo” aparece como quien habría autorizado la operación, pero recalcan que “no hay un chat, no hay un testimonio, no hay una pericia” que vincule al mandatario.

También advierten que este tipo de versiones “saturan la agenda y desplazan el foco del expediente”.

Reacción del Gobierno

Desde el Ejecutivo, el ministro del Interior cuestionó las declaraciones del líder criminal y reiteró que el proceso debe basarse en pruebas judiciales y no en señalamientos sin sustento.

El Gobierno insiste en que las investigaciones continúan bajo coordinación de Fiscalía.

Pronunciamiento de Verónica Sarauz

La viuda de Fernando Villavicencio, Verónica Sarauz, también reaccionó en redes sociales.

Cuestionó la actuación de la Fiscalía, criticó decisiones judiciales pasadas y sostuvo que se intenta instalar un relato alternativo en el caso. Además, mencionó la comparecencia de Daniel Salcedo en la Asamblea y cuestionó que no se haya exigido la extradición de Chavarría a Estados Unidos.

“Por Fernando. Nadie se cansa”

Amanda y Tamia reiteraron que continuarán exigiendo justicia.

“Nuestro padre fue asesinado por denunciar con evidencia en mano”, indicaron, asegurando que no guardarán silencio ante declaraciones que consideran sin sustento.

El caso vuelve a colocarse en el centro del debate político y judicial del país.