Dejan en libertad a cinco detenidos por ataque a caravana de Noboa

La audiencia de formulación de cargos se desarrolló la tarde de este miércoles 8 de octubre de 2025 en la ciudad de Azogues, provincia del Cañar.

En la diligencia, la jueza determinó que la detención de los cinco sospechosos —identificados como Pichazaca, Jaime Guaman, José Guaman, María Chimbo y Luis Yupa— fue ilegal, debido a irregularidades en el procedimiento policial.

Los ciudadanos fueron aprehendidos el martes 7 de octubre en el sector Coyoctor, en el cantón El Tambo, acusados inicialmente de ataque, resistencia y terrorismo, tras el presunto atentado contra la caravana del presidente Daniel Noboa Azín.

Sin embargo, la autoridad judicial concluyó que la detención se ejecutó sin lectura de derechos y sin contacto con defensa legal, lo que vulneró el debido proceso.

Defensa denuncia violación de derechos

El abogado y ex candidato presidencial Yaku Pérez, quien asumió la defensa de los detenidos, indicó que la jueza calificó la detención como arbitraria al comprobar que los implicados fueron mantenidos incomunicados durante varias horas.

“El Estado, una vez más, hace uso excesivo de la fuerza contra el Estado Constitucional de Derechos y Justicia. Franklin no es terrorista, es artista, y los demás son defensores”, escribió Pérez en su cuenta de X.

La Fiscalía General del Estado confirmó la decisión judicial mediante un comunicado, donde precisó que no se pudieron formular cargos y que se esperan los informes oficiales de la Policía para continuar con las investigaciones.

Contexto del operativo en Cañar

El hecho que dio origen a las detenciones ocurrió durante la tarde del martes 7 de octubre, cuando la caravana presidencial fue atacada presuntamente con objetos contundentes mientras atravesaba un tramo del cantón El Tambo.

El Ministerio del Interior informó inicialmente sobre la captura de cinco personas señaladas como responsables del ataque, pero no se reportaron heridos ni daños a los vehículos oficiales.

Tras la liberación, las autoridades deberán determinar si existieron elementos suficientes para justificar la intervención policial o si el procedimiento vulneró los derechos de los implicados.

Reacciones y próximos pasos

El fallo judicial generó reacciones divididas en redes sociales y entre actores políticos.

Mientras algunos consideran que la decisión refuerza el respeto al debido proceso, otros cuestionan que quedaran libres sin un avance claro en la investigación.

La Fiscalía anunció que continuará recopilando pruebas para establecer si existió un ataque planificado o si se trató de un altercado aislado.

El caso sigue bajo investigación y podría reabrirse en los próximos días, de presentarse nuevos elementos.