Manabí
La Fiscalía sostiene que la presunta red habría ocasionado un perjuicio superior a cinco millones de dólares al Estado.
Por Alexander Calero
Actualizado: 27 de junio de 2026

La alcaldesa de Jipijapa y otras nueve personas recibieron prisión preventiva dentro del caso “Digitador”, por presunta delincuencia organizada.
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La Sala Especializada Penal de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha dictó prisión preventiva para la alcaldesa de Jipijapa, Ángela Esperanza Plúa Santillán, y otras nueve personas investigadas por el presunto delito de delincuencia organizada dentro del caso “Digitador”. La resolución fue emitida la noche del viernes 26 de junio, tras la audiencia de formulación de cargos que se extendió por más de 24 horas.
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Además de la medida cautelar, el juez dispuso 90 días de instrucción fiscal para continuar con las investigaciones sobre la presunta estructura dedicada a la emisión irregular de documentos de tránsito.




Fiscalía investiga una presunta red de corrupción
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Según la investigación, los procesados serían funcionarios de entidades de tránsito de Jipijapa, Calceta y San Vicente, junto con tramitadores externos que presuntamente cobraban entre 100 y 150 dólares para agilizar trámites como matrículas, revisiones técnicas, licencias y traspasos vehiculares, evitando requisitos legales.
La Fiscalía sostiene que la organización habría provocado un perjuicio económico superior a cinco millones de dólares al Estado. Las detenciones se ejecutaron el 25 de junio durante el operativo “Digitador”, desarrollado por la Policía Nacional y la Fiscalía.
Investigación comenzó tras una denuncia
El ministro del Interior, John Reimberg, señaló que las investigaciones permitieron detectar movimientos financieros por más de 2,6 millones de dólares que no guardarían relación con los ingresos declarados por la alcaldesa, identificada por las autoridades como la presunta cabecilla de la organización.
La investigación se inició en agosto de 2025 luego de una denuncia presentada a través de la línea 1800-DELITO y continúa bajo la dirección de la Fiscalía General del Estado.
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