Manabí
Las autoridades sostienen que la organización habría ocasionado un perjuicio superior a cinco millones de dólares al Estado.
Por Alexander Calero
Actualizado: 25 de junio de 2026

Operativo “Digitador” dejó trece detenidos, incluida la alcaldesa de Jipijapa, por una presunta red de corrupción en trámites de tránsito.
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La madrugada de este jueves se ejecutó el operativo “Digitador” en los cantones de Jipijapa, Bolívar (Calceta) y San Vicente. Las diligencias incluyeron 18 allanamientos, de los cuales 13 fueron en viviendas y cinco en instituciones públicas relacionadas con servicios de tránsito.
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Entre los detenidos consta la alcaldesa de Jipijapa, Ángela Plúa, además de directivos, técnicos, digitadores y tramitadores investigados por presunta delincuencia organizada.




Así operaba la presunta estructura
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De acuerdo con la investigación, la organización ofrecía agilizar matrículas, licencias, revisiones técnicas y otros trámites vehiculares a cambio de pagos de entre 100 y 150 dólares. Según la Policía, también restringía la atención al público alegando fallas en el sistema para captar usuarios mediante intermediarios.
La investigación inició en agosto de 2025 tras una denuncia presentada al 1800 Delito y se extendió durante diez meses.
Evidencias e instituciones intervenidas
Durante el operativo fueron allanados el GAD de Jipijapa, la Corporación de Servicios Públicos Municipales, la Autoridad de Tránsito y Movilidad de Jipijapa, el Centro de Revisión Municipal de Calceta y la Revisión Técnica Vehicular de San Vicente.
Entre los indicios incautados constan terminales móviles, iPad, CPU, laptops, dispositivos de almacenamiento, chips de telefonía y dinero en efectivo. Además, la Policía informó que la estructura estaría integrada por trece personas, entre ellas el gerente de la Corporación de Servicios Municipales, el jefe de Matriculación, el director de Movilidad, coordinadores, técnicos de licencias y tramitadores externos. Las investigaciones continúan bajo la dirección de la Fiscalía para determinar el grado de responsabilidad de cada uno de los procesados.
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