ADN inicia fiscalización por financiamiento de campaña de Luisa González

La Comisión de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social de la Asamblea Nacional inició el proceso de fiscalización sobre el presunto financiamiento de la campaña electoral presidencial de Luisa González, candidata del movimiento Revolución Ciudadana.

Este procedimiento se sustenta en una resolución aprobada por el Pleno de la Asamblea y dispone la recopilación de información oficial para verificar el origen y uso de los recursos de campaña.

Como parte de la fiscalización, la Comisión resolvió requerir informes, registros y documentación al Consejo Nacional Electoral (CNE) relacionados con el origen, legalidad, trazabilidad y control de aportes y gastos de campaña, conforme a la normativa vigente.

Durante la sesión, la presidenta de la Comisión, Diana Jácome, señaló que el proceso no responde a una persecución política, sino a la necesidad de transparentar el financiamiento electoral y dar respuestas claras a la ciudadanía sobre el uso de fondos en campañas presidenciales.

Lo que dice el comunicado oficial de la Asamblea

En el boletín difundido este 14 de enero de 2026, la Comisión informó que el proceso de fiscalización se desarrolla con estricto apego a la Constitución, la ley y el debido proceso, garantizando objetividad y respeto a las competencias de cada institución del Estado.

Jácome advirtió que cuando campañas electorales reciben recursos de origen ilícito, se generan compromisos con estructuras criminales que buscan infiltrarse en el sistema político, por lo que remarcó que “nada es gratis” en este tipo de esquemas de financiamiento.

Además, la Comisión ratificó su compromiso de ejercer su rol constitucional de fiscalización en defensa del interés público y de la confianza ciudadana, subrayando que el control al financiamiento político es clave para la transparencia democrática.

Posturas encontradas entre ADN y Revolución Ciudadana

Desde la bancada de Acción Democrática Nacional (ADN) se sostiene que la fiscalización permitirá esclarecer si existieron recursos irregulares en la campaña presidencial, mientras que asambleístas de la Revolución Ciudadana calificaron el proceso como una persecución política contra su organización.

Legisladores de la RC señalaron que no existe una sentencia que pruebe los señalamientos expuestos durante la sesión y cuestionaron que la fiscalización se centre únicamente en su movimiento, planteando que también deberían revisarse otras campañas electorales.

El proceso continuará con la recepción de la información solicitada al CNE, cuyos informes serán analizados por la Comisión para determinar los siguientes pasos dentro de la fiscalización.